La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, si bien puede generar eficiencias operativas y aliviar el gasto público, requiere una cuidadosa evaluación de sus implicaciones a largo plazo en la soberanía tecnológica y la seguridad energética nacional. La retención del 51% por parte del Estado es un factor clave en la salvaguarda de intereses estratégicos, pero la influencia del socio privado será un elemento determinante a monitorear en la dirección futura de la empresa.