La decisión de no aplicar una ley sancionada por el Congreso, independientemente de los argumentos técnicos sobre la fuente de los fondos, plantea un debate sobre el equilibrio de poderes. Mientras el Ejecutivo prioriza la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, el Legislativo buscaba establecer un mecanismo automático y previsible para un sector estratégico como la educación superior. El ciudadano se enfrenta a la disyuntiva de evaluar la sostenibilidad fiscal versus la necesidad de un financiamiento educativo estable y protegido por ley, en un contexto de alta inflación donde los aumentos nominales pueden no traducirse en una mejora real del poder adquisitivo de las instituciones.