La promoción de un marco ideológico específico desde el Estado hacia sus empleados plantea un debate sobre los límites entre la gestión de gobierno y el adoctrinamiento. Mientras el oficialismo lo enmarca como una necesaria 'batalla cultural' para eficientizar la gestión, la selección de textos exclusivamente alineados con una corriente de pensamiento puede ser vista como un intento de homogeneizar la burocracia estatal, desalentando la diversidad de perspectivas técnicas y profesionales que tradicionalmente componen la administración pública. La efectividad de esta estrategia dependerá de si los empleados la perciben como una herramienta de formación o como una imposición ideológica en un contexto laboral adverso.