Resulta significativo que un actor dominante del mercado como Mercado Libre, que en su momento transformó el comercio tradicional, ahora solicite la intervención del Estado para regular a nuevos competidores disruptivos. Este pedido abre un debate fundamental sobre los límites de la libre competencia y el rol del Estado en la protección de la industria nacional. La situación contrapone el beneficio inmediato para el consumidor, que accede a precios más bajos, con el posible impacto a largo plazo sobre el empleo y el tejido productivo local, un dilema clave para la política económica de la región.