Es crucial observar que ambas partes presentan sus argumentos como beneficiosos para los trabajadores. El Gobierno se enfoca en el 'futuro trabajador' que hoy se encuentra desempleado o en la informalidad, mientras que la CGT defiende al 'trabajador actual' con derechos adquiridos. La discusión de fondo parece centrarse en a quién se debe priorizar y qué modelo de mercado laboral es más efectivo: uno más flexible que podría generar más puestos pero con menor protección, o uno más regulado que protege a los empleados actuales pero que, según la óptica gubernamental, dificulta la creación de nuevos empleos formales. El resultado de esta negociación definirá el equilibrio de poder entre capital y trabajo para los próximos años.