El llamado a paro anticipado, incluso antes de conocer el texto completo de la reforma, evidencia una estrategia sindical de posicionamiento preventivo. Busca marcar un límite claro al gobierno y movilizar a sus bases frente a la percepción de una amenaza a derechos consolidados. Por otro lado, esta acción puede ser interpretada por el gobierno y sus simpatizantes como una obstrucción al cambio propuesto, enmarcando el debate no solo en el contenido de la ley, sino en la legitimidad de los actores para impulsarla o frenarla.