Más allá de la culpabilidad o inocencia de De Vido, que debe ser determinada por la Justicia, el caso evidencia la lentitud de los procesos judiciales en Argentina, especialmente en causas de corrupción que involucran al poder político. A menudo, las detenciones preventivas se prolongan y las sentencias firmes tardan años en llegar, alimentando el debate sobre si la prisión preventiva se usa como una condena anticipada y generando desconfianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.