Si bien el objetivo declarado de prevenir delitos financieros es legítimo, es crucial observar cómo se implementan estos controles para no afectar la operatoria diaria de ciudadanos y pymes que actúan dentro de la legalidad. La definición de montos 'razonables' y la agilidad para validar operaciones legítimas serán clave para que la medida no se convierta en un obstáculo burocrático. Además, es importante considerar que un exceso de control sobre el sistema formal puede, paradójicamente, incentivar la circulación de dinero en canales informales, logrando el efecto contrario al buscado.