El anuncio se presenta como un logro de la 'estabilidad económica' y el 'marco jurídico' del gobierno actual. Es relevante observar cómo se articulan los intereses del sector privado, que apoya reformas estructurales como la laboral, con las políticas de incentivo al consumo impulsadas desde el Estado. La efectividad final de estas medidas dependerá de la evolución del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y del costo financiero real que absorban las entidades participantes.