El debate se centra en dos visiones contrapuestas. Por un lado, la postura que defiende la necesidad de modernizar la legislación para adaptarla a nuevas realidades productivas y así incentivar la contratación. Por otro, la que advierte sobre una posible precarización del empleo y la pérdida de derechos adquiridos históricamente por los trabajadores. La clave estará en analizar si las medidas propuestas lograrán un equilibrio entre la necesaria flexibilidad para el empleador y la fundamental protección para el empleado.