Más allá del debate sobre la efectividad del endurecimiento de penas como única herramienta para reducir el delito, es crucial analizar cómo se implementaría esta reforma. Un sistema judicial ya sobrecargado necesitará recursos significativos para procesar casos bajo un nuevo marco acusatorio más ágil. Asimismo, la baja en la edad de imputabilidad plantea un desafío estructural para el sistema penitenciario y los institutos de menores, que deberían adaptarse para alojar a una nueva población sin replicar los vicios del sistema carcelario de adultos. El foco en la punición debe ser acompañado por una discusión sobre políticas de prevención y reinserción para que la reforma sea integral y no solo un ajuste punitivo.