La postergación de nombramientos clave en el Poder Judicial, si bien puede ser vista como una estrategia para evitar el desgaste político, también prolonga un estado de debilidad institucional. Mantener la Corte Suprema con su quórum mínimo por un período extendido podría interpretarse como una falta de prioridad en el fortalecimiento de uno de los poderes del Estado. La idea de ampliar el número de miembros, presentada como una herramienta de negociación, históricamente ha sido un mecanismo utilizado por distintos gobiernos para intentar influir en la composición del máximo tribunal y asegurar fallos más favorables a sus intereses.