Esta reforma plantea un dilema central: la sostenibilidad financiera del sistema versus el impacto en la calidad de vida de los futuros jubilados. Al extender la vida laboral y modificar el cálculo de haberes, se busca aliviar las cuentas públicas, un objetivo macroeconómico validado por organismos internacionales. Sin embargo, es crucial analizar si estas medidas son la única alternativa y cómo afectarán a quienes tienen trabajos de mayor desgaste físico o a quienes sufren inestabilidad laboral y no logran tener 30 años de aportes continuos. La discusión no debería centrarse solo en la edad o el cálculo, sino también en cómo generar un sistema que sea, al mismo tiempo, financieramente viable y socialmente justo, considerando las diversas realidades del mercado laboral argentino.