La iniciativa gubernamental pone sobre la mesa una tensión fundamental: el aprovechamiento de recursos naturales para el crecimiento económico inmediato versus la preservación de ecosistemas vitales para la sostenibilidad a largo plazo. Al proponer la transferencia de decisiones a las provincias, se plantea un escenario donde la presión por atraer inversiones podría llevar a una flexibilización de los estándares de protección ambiental. El resultado dependerá del equilibrio que el debate legislativo y social logre entre el potencial económico de la minería y el valor estratégico de las reservas de agua dulce.