Si bien la normativa establece requisitos que parecen apuntar a un universo reducido y controlado de usuarios, el foco principal debe estar en la capacidad real de fiscalización del Estado. La efectividad de la medida no reside solo en la letra de la resolución, sino en la rigurosidad con que el RENAR aplique los controles, verifique la documentación y supervise las condiciones de almacenamiento a lo largo del tiempo. Un sistema de control débil podría convertir una medida para un nicho específico en una fuente de riesgo para el conjunto de la sociedad.