La solicitud de los gobernadores de participar en la redacción de la reforma no es solo una puja por poder; refleja una preocupación genuina sobre la aplicabilidad de una ley nacional en un país con economías regionales muy diversas. Que la 'letra chica' no se comparta genera desconfianza y puede interpretarse como una estrategia de negociación del gobierno para presionar por un apoyo a ciegas, o bien, como una falta de definición en el propio proyecto. Para el ciudadano, es clave observar si el diálogo se impone sobre la imposición, ya que de ello depende que la reforma resulte beneficiosa para todo el país y no solo para un sector o una región.