La discusión presupuestaria trasciende el análisis técnico para erigirse como una herramienta de negociación política. Los gobernadores utilizan su capacidad de influencia en el Congreso para condicionar la agenda del gobierno nacional a la satisfacción de sus demandas fiscales. Este fenómeno evidencia la dinámica del sistema federal, donde las reformas estructurales requieren consensos que, a menudo, implican concesiones económicas a las provincias. El resultado de esta puja determinará no solo la viabilidad de las leyes propuestas, sino también el mapa de la gobernabilidad a mediano plazo.