El informe evidencia una disociación entre la necesidad técnica de una reforma, reconocida por una mayoría de expertos, y la capacidad política para llevarla a cabo. La viabilidad de cambios estructurales no depende únicamente de su diseño técnico, sino también de la construcción de una legitimidad social. El gobierno enfrenta el dilema de modificar su estrategia comunicacional para ganar el apoyo de la opinión pública, o bien, arriesgarse a que la reforma sea bloqueada o desvirtuada en el Congreso debido a la presión de narrativas opositoras que demuestren ser más eficaces.