La digitalización de los pagos ofrece beneficios claros en términos de eficiencia, seguridad y formalización de la economía. No obstante, este proceso plantea dos desafíos importantes. Por un lado, obliga a repensar una estructura impositiva donde tributos como el 'impuesto al cheque' gravan la bancarización que el propio sistema incentiva. Por otro lado, subraya la necesidad crítica de asegurar la inclusión financiera de los sectores de la población que aún dependen del efectivo, para evitar que la brecha digital se convierta en una nueva forma de exclusión social y económica.