La decisión de convocar a sesiones extraordinarias inmediatamente después del recambio legislativo no es una mera cuestión de calendario, sino una calculada jugada de poder. El Gobierno busca utilizar el impulso político de las elecciones para imponer su agenda. Al plantear la negociación con los gobernadores sobre temas fiscales mientras se afirma que el esquema de reparto no será modificado, el Ejecutivo establece los términos de la discusión desde una posición de fortaleza, utilizando la necesidad de fondos de las provincias como palanca para asegurar apoyo legislativo. Este movimiento busca no solo aprobar una ley económica crucial, sino también redefinir el balance de poder con las provincias para la segunda mitad del mandato.