El cambio de un modelo de prohibición a uno de autorización regulada pone a prueba la capacidad de fiscalización del Estado. La efectividad de esta medida dependerá menos de su texto que de la rigurosidad y los recursos con los que el RENAR implemente los controles. Será fundamental observar si los mecanismos para verificar el 'uso deportivo' y asegurar la trazabilidad del arma son lo suficientemente robustos para prevenir desvíos al mercado ilegal. La discusión se centra en el delicado equilibrio entre los derechos de los usuarios legítimos y la seguridad pública general.