Independientemente de la discusión doctrinaria sobre el rol óptimo del Estado en la economía, la evaluación final de estas medidas dependerá de su implementación. La transparencia de los procesos licitatorios es una condición indispensable para asegurar la competencia y optimizar el resultado para el erario público. De igual importancia será la eficacia de los entes reguladores que se designen, ya que de ellos dependerá la protección de los derechos de los usuarios, la fiscalización del cumplimiento de los contratos de inversión y el equilibrio entre la rentabilidad empresarial y el interés público.