La reconfiguración de políticas sociales y previsionales por parte del gobierno apunta a una mayor formalización económica, buscando reducir el gasto en asistencia directa y mejorar la actualización de haberes jubilatorios iniciales. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad real de generar inserción laboral efectiva y de mitigar el impacto negativo en los sectores más vulnerables de la población ante la reducción de programas sociales.