La implementación de leyes que requieren asignación presupuestaria sin la debida previsión de fondos genera un escenario de incertidumbre y conflicto. La tensión entre el Poder Legislativo, que sanciona la ley, y el Poder Ejecutivo, encargado de su ejecución, es un punto clave a observar. La judicialización de estos procesos por parte de actores relevantes como la UBA subraya la importancia de la estabilidad y previsibilidad en la gestión de políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la educación superior.