La reconfiguración del poder en el Congreso y la necesidad de negociaciones con los gobernadores y otros bloques, especialmente en temas económicos y legislativos sensibles, definirán la capacidad del Gobierno para implementar su agenda de reformas. La relación con el Poder Judicial y las presiones sectoriales, como las de las provincias mineras, añadirán complejidad a la dinámica política.
