Este conflicto va más allá de un simple reclamo salarial. Es un debate sobre las prioridades del Estado. Mientras una ley aprobada por el Congreso marca un camino, la decisión de no asignarle presupuesto en tiempo y forma muestra otro. Para el ciudadano, la pregunta clave es: ¿qué valor le asignamos como sociedad a la educación universitaria pública? La respuesta no está en los discursos de los políticos, sino en las partidas presupuestarias que efectivamente se ejecutan. El dato del 32% de caída del poder adquisitivo es un hecho concreto que ancla el reclamo en una realidad tangible para miles de familias, y pone en perspectiva la discusión sobre la 'austeridad' y sus consecuencias directas.