El núcleo del conflicto no es solo la falta de fondos, sino la metodología utilizada por el Poder Ejecutivo. Al suspender una ley del Congreso mediante un decreto, se abre un debate sobre el equilibrio de poderes y la seguridad jurídica. Mientras el gobierno argumenta una necesidad de ordenamiento presupuestario, los gremios lo interpretan como una decisión política para desfinanciar el sistema. Es clave observar si la discusión presupuestaria en el Congreso resuelve esta tensión o si la postergación se convierte en una anulación de facto de la ley, sentando un precedente sobre cómo se implementan las normativas aprobadas por el legislativo.