Es notable cómo el alto índice de trabajo informal es utilizado como argumento central por ambas partes. Para el Gobierno, es la justificación para flexibilizar las regulaciones, asumiendo que la rigidez actual impide la creación de empleo formal. Para los sindicatos, esa misma cifra evidencia una crisis que no se solucionará precarizando a quienes sí tienen un empleo registrado. El debate omite a menudo que una flexibilización en un contexto recesivo puede acelerar la pérdida de derechos sin garantizar la creación de nuevos puestos, un punto advertido por especialistas.